Gem Torres y Asociados Decretos y Leyes de Panamá

Ley 49 de 17 de Septiembre de 2009

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Ley 49

De 17 de Septiembre de 2009

Que reforma el Código Fiscal y adopta otras medidas fiscales

De 17 de septiembre de 2009

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

 

Artículo 1. El artículo 318-A del Código Fiscal queda así:

Artículo 318-A. Las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, fundaciones de interés privado y cualesquiera otras personas jurídicas nacionales y extranjeras, con excepción de las asociaciones sin fines de lucro, pagarán al momento de su inscripción una primera tasa única anual de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00). En los años subsiguientes el pago por ese concepto será de trescientos balboas (B/.300.00) para mantener la plena vigencia de la persona jurídica. Para todos los efectos legales se entenderá por plena vigencia de la persona jurídica su inscripción válida en el Registro Público de Panamá.

La primera tasa única anual de que trata el presente artículo se pagará al momento de la inscripción de la persona jurídica junto con los derechos registrales respectivos, como si esta fuera parte de los Derechos de Registro. Una vez cobrada la primera tasa única, el Registro Público de Panamá remitirá dicha suma a la Dirección General de Ingresos el primer día hábil de la semana siguiente a la fecha de su recaudación y reportará el nombre y número de inscripción de la sociedad o fundación respectiva.

La segunda y siguientes tasas únicas anuales se pagarán así:

a. Hasta el 15 de julio de cada año, por la persona jurídica cuya fecha de inscripción del pacto social o documento constitutivo en el Registro Público de Panamá corresponda a los meses desde enero hasta junio, inclusive.

b. Hasta el 15 de enero de cada año, por la persona jurídica cuya fecha de inscripción del pacto social o documento constitutivo en el Registro Público de Panamá corresponda a los meses desde julio hasta diciembre, inclusive.

Estos pagos se harán por conducto del representante legal o del agente registrado o residente de la persona jurídica. Al momento de pagar, el representante legal o agente registrado o residente deberá declarar la fecha en que el pacto social o documento constitutivo ha sido inscrito en el Registro Público. Esta declaración jurada se hará en formulario que, para tal fin, proporcionará la Dirección General de Ingresos.

El pago de esta tasa fuera del término causará el recargo único de cincuenta balboas (B/.50.00) por año o fracción de año. Para estos efectos, no regirá lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Ley 60 de 1973.

Los contribuyentes podrán pagar por adelantado esta tasa, en cuyo caso dicho pago se entenderá definitivo por los periodos cubiertos.

PARÁGRAFO 1. La falta de pago de la tasa en el periodo en que se cause tendrá como efecto la no inscripción de ningún acto, documento o acuerdo y la no expedición de certificaciones relativas a las personas jurídicas nacionales y extranjeras, salvo las ordenadas por autoridad competente o las solicitadas por terceros con el objeto específico de hacer valer sus derechos, en cuyo caso la certificación se expedirá exclusivamente en un formato distinto para esos efectos, indicando que se encuentra en estado de morosidad.

PARÁGRAFO 2. Para los efectos de la suspensión de las inscripciones y la no expedición de las certificaciones de que trata el Parágrafo anterior, la Dirección General del Registro Público de Panamá consultará en cada caso la información que ponga a su disposición la Dirección General de Ingresos, sobre las personas jurídicas nacionales y extranjeras que se encuentren al día en el pago de la tasa única.

PARÁGRAFO 3. Cada vez que el contribuyente incurra en la falta de pago de la tasa por dos periodos consecutivos o alternos tendrá como efecto, además del recargo, la aplicación de una multa de trescientos balboas (B/.300.00) y la anotación de una marginal indicando que se encuentra en estado de morosidad. Cuando el contribuyente pague las tasas morosas con sus respectivos recargos y el monto de la multa referida, se producirá el restablecimiento de los servicios del Registro Público de Panamá y el levantamiento de la anotación marginal.

PARÁGRAFO 4. La falta de pago de la tasa única por diez (10) periodos consecutivos tendrá como efecto el retiro definitivo de la persona jurídica del Registro Público. Como consecuencia, se tendrá por disuelta, con todos los efectos jurídicos que ello conlleva. La persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que haya recibido de terceros dineros a efecto de realizar los pagos de esta tasa y no los ingrese a favor de estos al Tesoro Nacional será sancionada con una multa no menor de cinco (5) veces ni mayor de diez (10) veces la suma dejada de pagar.

PARÁGRAFO 5. Disuelta la persona jurídica por el no pago de la tasa anual por un periodo ininterrumpido de diez (10) años, que tendrá efecto a partir de la entrada en vigencia de la Ley 6 de 2005, se iniciará el periodo de disolución de tres (3) años. Durante ese periodo cualquier director, dignatario, miembro del consejo fundacional, agente residente, socio o un acreedor interesado podrá llevar a cabo su rehabilitación, pagando todas las sumas adeudadas en concepto de tasa más una multa de mil balboas (B/.1,000.00). Las tasas de los años vencidos durante el periodo de disolución de los tres años serán incluidas en el pago.

Una vez rehabilitada, la persona jurídica recuperará su existencia y podrá reanudar sus actividades.

Expirado el plazo de tres (3) años antes señalado sin que se haya producido su rehabilitación, el Registro Público, luego de constatar ese hecho, cancelará el registro de la persona jurídica y su nombre podrá ser usado por cualquier interesado.

La Dirección General de Ingresos elaborará una lista de las personas jurídicas con una morosidad de diez (10) años y promoverá su amplia difusión y publicación, a efectos de:

1. Que el Registro Público anote la marginal de disolución por no pago de tasa única.

2. Que los interesados puedan promover su rehabilitación.

PARÁGRAFO 6. Se declaran prescritas las obligaciones de pagos de tasas únicas anuales, causadas hasta el 31 de diciembre de 1990, siempre que exista concomitancia con los siguientes hechos:

a. Que tengan un plazo de prescripción configurado superior a quince (15) años o más.

b. Que el contribuyente no haya realizado o ejecutado alguna gestión propia de reconocimiento de la obligación.

c. Que la administración tributaria no haya dictado, a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, ningún acto administrativo idóneo de interrupción de la prescripción.

En el evento de que por error se declarara o archivara un caso de supuesta prescripción de la deuda, se entenderá interrumpida, sin perjuicio de las sanciones administrativas que se ameriten, y se reiniciará el plazo de su configuración desde la fecha de la supuesta declaración o de su archivo si fuera el caso.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Se consideran hechos por los contribuyentes los pagos consignados en recibos oficiales, aunque no hubieran sido efectivamente ingresados al Tesoro Nacional por causas no imputables al contribuyente, su representante legal o el agente residente. Se deja sin efecto el cobro de morosidades y recargos originados en la falta de pago de la tasa única a las personas jurídicas, cuyas morosidades sean atribuibles a la migración incorrecta de datos o inconsistencias en su actualización, y a las que comprueben, por medio de recibos oficiales, haber hecho los pagos correspondientes.

El aumento del monto de la segunda tasa única en adelante a trescientos balboas (B/.300.00) empezará a regir a partir del 1 de enero de 2006.

Artículo 2. El literal a del artículo 701 del Código Fiscal queda así:

Artículo 701. Para los efectos del cómputo del Impuesto sobre la Renta en los casos que a continuación se mencionan, se seguirán las siguientes reglas:

a. En los casos de ganancia por enajenación de bienes inmuebles, la renta gravable será la diferencia entre el valor real de venta y la suma del costo básico del bien y de los gastos necesarios para efectuar la transacción.

Si la compraventa de bienes inmuebles está dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente, el impuesto a pagar se calculará con base en las tasas previstas en el artículo 699 ó 700 de este Código.

Si la compraventa de bienes inmuebles no está dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente, se calculará el Impuesto sobre la Renta a una tasa del diez por ciento (10%) sobre la renta gravable. El contribuyente tendrá la obligación de pagar una suma equivalente al tres por ciento (3%) del valor total de la enajenación o del valor catastral, cualquiera que fuera mayor, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta.

El contribuyente podrá optar por considerar el tres por ciento (3%) del valor total de la enajenación, como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia.

Cuando el tres por ciento (3%) de adelanto del impuesto sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada acreditando el pago efectuado. El excedente, a opción del contribuyente, podrá ser devuelto en efectivo o como un crédito fiscal para el pago de tributos administrados por la Dirección General de Ingresos. Este crédito fiscal podrá ser cedido a otros contribuyentes.

Tanto los datos del recibo de pago del Impuesto sobre la Renta anticipado, como del recibo de pago del dos por ciento (2%) del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles deberán constar en la escritura pública de traspaso del correspondiente inmueble para su inscripción en el Registro Público.

En estos casos, la venta de que se trate no se computará para la determinación de los ingresos gravables del contribuyente, y este no tendrá derecho a deducir el monto de los impuestos de transferencia ni los gastos de transferencia en que haya incurrido. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia.

Queda entendido que para la enajenación de un bien inmueble, a partir de la promulgación de esta Ley, el costo básico del bien será su valor catastral en la precitada fecha o su valor en libros, cualquiera de ellos sea inferior.

No obstante, hasta el día 30 de junio de 2010, el contribuyente podrá optar por presentar una declaración jurada de nuevo valor catastral, según lo previsto en el artículo 766-A de este Código y, en consecuencia, el nuevo valor catastral se tomará como costo básico a partir de su fecha de aceptación por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas.

En el caso de que el nuevo valor catastral se fije producto de avalúos ordenados por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, dicho valor se podrá tomar como costo básico a partir de su fecha de aceptación por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los contribuyentes que presenten declaraciones juradas del valor estimado de inmuebles con posterioridad al 30 de junio de 2010, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 766-A de este Código, podrán utilizar este nuevo valor como costo básico, luego de haberse cumplido un (1) año de la aceptación de ese valor por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia.

PARÁGRAFO. Tanto los bienes inmuebles dedicados a la actividad agropecuaria, según certificación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, como los destinados al uso habitacional ubicados en áreas rurales con valor catastral de hasta diez mil balboas (B/.10,000.00) pagarán el Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital producto de su transferencia a una tasa única y definitiva del tres por ciento (3%). Esta tasa fija y definitiva será pagadera antes de la inscripción de la escritura pública correspondiente en el Registro Público, al mismo tiempo que el dos por ciento (2%) de Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles.

Artículo 3. El párrafo quinto del literal d del artículo 701 del Código Fiscal queda así:

Artículo 701.

d. …

Los ingresos provenientes de comisiones que reciben y servicios que prestan a personas naturales o jurídicas dentro de la Zona Libre de Colón y de otras zonas libres que existan o sean creadas en el futuro, tales como almacenamiento y bodega, arrendamientos y subarrendamientos, movimientos internos de mercancías y carga, servicios de facturación, reempaque y similares, se consideran operaciones locales y, en consecuencia, pagarán el Impuesto sobre la Renta conforme al artículo 699 ó 700 de este Código. Los servicios de facturación, reempaque y similares que surten su efecto en el exterior serán considerados como operaciones exteriores y de exportación.

Artículo 4. El párrafo quinto del literal e del artículo 701 del Código Fiscal queda así:

Artículo 701.

e. …

Cuando el adelanto del impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la retención efectuada, y reclamar el excedente que, a opción del contribuyente, podrá ser devuelto en efectivo o como un crédito fiscal para el pago de tributos administrados por la Dirección General de Ingresos. Este crédito fiscal podrá ser cedido a otros contribuyentes. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de valores no será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente.

Artículo 5. El literal b del artículo 702 del Código Fiscal queda así:

Artículo 702. Se establecen los siguientes créditos y rebajas al monto del Impuesto sobre la Renta:

b. Las personas naturales o jurídicas que perciban dividendos o participaciones de las personas mencionadas en el literal d del artículo 701 que estén exceptuadas de obtener el Aviso de Operación de que trata la Ley 5 de 2007 no estarán obligadas a pagar el impuesto por dichos dividendos o participaciones provenientes de rentas obtenidas en operaciones exteriores.

Se entienden por operaciones exteriores, para los efectos de este artículo y del artículo 701, las que se realicen con mercadería extranjera o nacional que salga de dichas áreas de comercio internacional libre destinadas al exterior.

En los casos de las zonas libres de petróleo a que se refiere el Decreto de Gabinete 29 de 14 de julio de 1992, modificado por el Decreto de Gabinete 38 de 9 de septiembre de 1992, se considerarán operaciones exteriores las ventas de petróleo crudo, sus derivados, productos y subproductos que se llevan a cabo desde una zona libre de petróleo, siempre que el producto se destine a la exportación o reexportación, o a la venta a naves que transiten por el Canal de Panamá, o a la venta a las naves y aeronaves de tráfico internacional que utilicen los puertos y aeropuertos nacionales.

Tales personas deberán llevar por separado en su contabilidad las operaciones exteriores e interiores y los gastos de administración de carácter general, con respecto a los cuales no sea fácil hacer tal separación, se prorratearán entre las operaciones exteriores y las interiores en proporción directa al monto de los ingresos brutos declarados para cada una de dichas operaciones.

Artículo 6. El artículo 733 Código Fiscal queda así:

Artículo 733. Toda persona jurídica que requiera el Aviso de Operación de que trata la Ley 5 de 2007 queda obligada a retener el impuesto de dividendo o cuota de participación del diez por ciento (10%) de las sumas que distribuyan a sus accionistas o socios cuando estas sean de fuente panameña y el cinco por ciento (5%) cuando se trate de renta proveniente de fuente extranjera o de operaciones de exportación.

Siempre que una persona jurídica distribuya dividendos o cuotas de participación deberá agotar primero las rentas de fuente panameña antes de repartir dividendos o cuotas de participación sobre las rentas de fuente extranjera o de operaciones de exportación.

En los casos de empresas establecidas o que se establezcan en cualquier zona libre de la República de Panamá pagarán el impuesto de dividendo o cuota de participación a una tarifa fija del cinco por ciento (5%) de las sumas que distribuyan a sus accionistas o socios, independientemente de la fuente de origen.

En la distribución de dividendos o cuotas de participación prevalecerá el régimen fiscal previsto en los tratados o convenios para evitar la doble imposición que sean suscritos por la República de Panamá con el país de que se trate; en caso de no existir tratados o convenios para evitar la doble imposición fiscal, quedará obligada a retener el impuesto de dividendo o cuota de participación al cinco por ciento (5%) de las utilidades que distribuyan independientemente de la fuente de origen.

En el caso de que no haya distribución de dividendos o de que la suma total distribuida como dividendo o cuota de participación sea menor del cuarenta por ciento (40%) del monto de las ganancias netas del periodo fiscal correspondiente, menos los impuestos pagados por la persona jurídica, esta deberá cubrir el diez por ciento (10%) de la diferencia. En los casos de empresas establecidas o que se establezcan en cualquier zona libre de la República, que no distribuyan dividendos o que la suma total distribuida como dividendo o cuota de participación sea menor del veinte por ciento (20%) del monto de las ganancias netas del periodo fiscal correspondiente, se deberá cubrir el diez por ciento (10%) de la diferencia. Las sumas así retenidas serán remitidas al funcionario recaudador del impuesto dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de retención. Tales deducciones y retenciones serán definitivas.

Las sucursales de personas jurídicas extranjeras pagarán como impuesto el diez por ciento (10%) sobre el ciento por ciento (100%) de su renta gravable obtenida en Panamá, menos los impuestos pagados por esa misma renta en el país.

Esta retención tendrá carácter definitivo y se pagará conjuntamente con la presentación de la declaración jurada correspondiente.

Las personas jurídicas no estarán obligadas a hacer la retención de que trata este artículo sobre la parte de sus rentas que provenga de dividendos, siempre que las personas jurídicas que distribuyan tales dividendos hayan pagado el impuesto correspondiente y hayan hecho la retención de que trata este artículo.

Las personas jurídicas tampoco estarán obligadas a hacer la retención de que trata este artículo sobre la parte de sus rentas que provengan de dividendos, siempre que las personas jurídicas que distribuyan tales dividendos hayan estado a su vez exentas de la obligación de hacer la retención.

Toda persona natural o jurídica que deba remitir a una persona natural o jurídica no residente en la República de Panamá sumas provenientes de rentas de cualquier clase  producidas en el territorio panameño, excepto dividendos o participaciones, deberá deducir y retener, al momento de remitir dichas sumas en cualquier forma, la cantidad que establece el artículo 699 ó 700 de este Código y entregará lo así retenido al funcionario recaudador del impuesto, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de retención.

Para calcular el monto de la retención, deberán sumarse al monto que se pague, gire o acredite las sumas que se hubieran pagado, girado, acreditado o abonado al contribuyente durante el año y sobre este total se aplicará la tasa del artículo 699 ó 700 de este Código.

Del importe así establecido se deducirán las retenciones ya efectuadas en el año gravable.

PARÁGRAFO. No obstante lo dispuesto en este artículo, los tenedores de las acciones al portador pagarán este impuesto a la tasa del veinte por ciento (20%).

La persona jurídica que distribuya tales dividendos practicará la retención, la que tendrá carácter definitivo. En caso de que la sociedad que distribuya dividendos tenga diferentes clases de acciones, el impuesto se pagará de conformidad con las tasas aquí establecidas y según el tipo de acciones.

Cuando la distribución sea menor del cuarenta por ciento (40%) de las ganancias netas, o en caso de que no haya distribución, se aplicarán las disposiciones del impuesto complementario, con independencia del tipo de acciones que haya emitido la sociedad.

Artículo 7. Se adicionan los numerales 4 y 5 al artículo 739 del Código Fiscal, así:

Artículo 739.

4. La entrega de Certificados de Abono Tributario, de Eurocertificados o de cualquier otro documento que se haya establecido o se establezca en el futuro fundamentado en leyes especiales o de incentivos fiscales.

5. La expedición de actos administrativos mediante los cuales se reconozca cualquier crédito.

Artículo 8. Se adiciona el artículo 763-A al Código Fiscal, así:

Artículo 763-A. Para los efectos del valor catastral y del Impuesto de Inmuebles, en los casos en que los fraccionamientos tuvieran como consecuencia que alguno de los bienes quede exento de dicho impuesto debido a la reducción de su valor, estos inmuebles colindantes dedicados en la práctica a un uso común, físicamente indivisible y que haga imposible su aprovechamiento de forma independiente, residencial, comercial o industrial, se deberán conformar como un solo bien inmueble.

A partir de la entrada en vigencia de esta disposición, los bienes inmuebles antes señalados, que se encuentren fraccionados sin justificación o autorización, tendrán un (1) año para realizar los cambios necesarios para que se conformen como un inmueble en el Registro Público.

Se permitirán los fraccionamientos de inmuebles de buena fe por motivos de orden administrativo de las personas o empresas de un mismo grupo económico, que tengan por objeto hacer segregaciones para enajenar partes del inmueble o para darlos en garantía. En caso de que estos fraccionamientos tuvieran como consecuencia que alguno de los bienes quede exento del Impuesto de Inmuebles debido a su valor, se requerirá autorización de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales.

Cuando producto de una investigación realizada por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas se determine que existe el fraccionamiento no permitido de los bienes inmuebles señalados en el primer párrafo de este artículo, se presumirá que todos los bienes involucrados conforman un solo bien inmueble para los efectos del valor catastral y del Impuesto de Inmuebles y así será declarado por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, mediante resolución motivada.

Durante la investigación la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales escuchará los descargos y avaluará las pruebas del afectado. Las decisiones dictadas por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales podrán ser impugnadas por el afectado.

La aplicación del tratamiento tributario previsto en el cuarto párrafo de este artículo, producto de una investigación, será efectiva a partir del cuatrimestre siguiente a la fecha en que quede en firme la resolución administrativa que la ordena. En estos casos, el contribuyente tendrá que pagar un recargo del diez por ciento (10%) sobre el Impuesto de Inmuebles a pagar, aplicable durante el primer año fiscal completo, siguiente a la fecha en que quedó en firme la orden que anula el fraccionamiento del inmueble.

Una vez concluidos los casos en la vía gubernativa, la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas rendirá un informe a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas para que esta aplique lo dispuesto en el artículo 797 de este Código, en lo referente a la defraudación fiscal, en caso de que proceda.

Este artículo será reglamentado por el Órgano Ejecutivo.

Artículo 9. El artículo 766 del Código Fiscal queda así:

Artículo 766. La tarifa progresiva combinada de este impuesto es la siguiente:

a. 1.75% sobre la base imponible excedente de treinta mil balboas (B/.30,000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/.50,000.00).

b. 1.95% sobre la base imponible excedente de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00) hasta setenta y cinco mil balboas (B/.75,000.00).

c. 2.10% sobre la base imponible excedente de setenta y cinco mil balboas (B/.75,000.00).

Se entiende por base imponible la suma del valor del terreno y la mejora construida si la hubiera.

PARÁGRAFO. Para los terrenos de los inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Horizontal, cuyos condominios estén adosados de forma vertical, aplicará la siguiente tarifa:

1. 1.40% de la base imponible hasta veinte mil balboas (B/.20,000.00).

2. 1.75% sobre la base imponible excedente de veinte mil balboas (B/.20,000.00) hasta cincuenta mil balboas (B/.50,000.00).

3. 1.95% sobre la base imponible excedente de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00) hasta setenta y cinco mil balboas (B/.75,000.00).

4. 2.10% sobre la base imponible excedente de setenta y cinco mil balboas (B/.75,000.00).

Se exceptúan de este Parágrafo los inmuebles destinados a viviendas de interés social.

Artículo 10. El artículo 766-A del Código Fiscal queda así:

Artículo 766-A. La tarifa alternativa de este impuesto será la siguiente:

1. 0.75% sobre inmuebles cuyo valor de terreno y mejoras no sea mayor a cien mil balboas (B/.100,000.00).

2. 1% sobre inmuebles cuyo valor de terreno y mejoras sea mayor a cien mil balboas (B/.100,000.00).

Los inmuebles cuyo valor de terreno y mejoras no exceda la suma de treinta mil balboas (B/.30,000.00) están exentos del pago de este impuesto.

La tarifa alternativa de este impuesto no es progresiva.

Salvo los inmuebles destinados a viviendas de interés social, sobre esta tarifa no se aplicará la exención para los terrenos de los inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Horizontal cuyos condominios estén adosados de forma vertical.

PARÁGRAFO 1. La tarifa alternativa se aplicará a todo bien inmueble siempre que se encuentre al día en el pago de dicho impuesto y el contribuyente presente una declaración jurada del valor estimado de su inmueble, debidamente refrendada por una empresa avaluadora de bienes raíces, a más tardar el 30 de junio de 2010. La Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales está facultada para aceptar o no el nuevo valor propuesto. La fecha de la presentación de la petición por parte del contribuyente será la determinante para establecer el cumplimiento del término antes previsto. El valor catastral así establecido no podrá ser variado por esta Dirección en los cinco (5) años siguientes, salvo en los casos de demoliciones, desastres naturales y fuerza mayor y, en general, cualquier causa excepcional que desmejore el valor del inmueble, que haya sido debidamente probada ante la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales.

Con posterioridad al 30 de junio de 2010, serán admisibles las declaraciones juradas del valor estimado de inmuebles solamente en los casos en los que el valor declarado represente un aumento respecto del valor catastral anterior. En estos casos también resultará aplicable la tarifa alternativa establecida en este artículo.

PARÁGRAFO 2. La tarifa alternativa también se aplicará a los bienes inmuebles que hayan sido avaluados por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de avalúos generales, parciales o específicos que queden en firme siempre que el bien se encuentre al día en el pago del Impuesto de Inmuebles al momento en que se realice el avalúo. En caso de que no se encuentre al día en el pago del Impuesto de Inmuebles al momento de realizarse el avalúo, la tarifa alternativa tendrá aplicación, una vez el contribuyente se ponga al día en el pago de dicho impuesto.

Los inmuebles que no se encuentren en ninguno de los casos anteriores serán gravados con las tarifas del artículo 766 de este Código.

Artículo 11. El artículo 767 del Código Fiscal queda así:

Artículo 767. La base del cálculo de este impuesto será el mayor valor de cualesquiera de los siguientes:

a. El avalúo de la propiedad del inmueble fijado por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales.

b. El precio establecido en cualquiera transferencia de un inmueble, tengan o no título de propiedad, entendiéndose como tal cualquier compraventa, donación, dación en pago, prescripción adquisitiva de dominio, remate o cualquiera otra modalidad de transferencia de un inmueble que no conste expresamente en este literal.

c. El avalúo en juicio de sucesión.

Sin embargo, la regla anterior no será aplicable cuando, de conformidad con las disposiciones de este Capítulo o de leyes especiales, disminuye el valor catastral del inmueble a consecuencia de un avalúo específico fijado por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales en cuyo caso regirá el nuevo valor.

Artículo 12. El artículo 768 del Código Fiscal queda así:

Artículo 768. Los avalúos serán generales, parciales o específicos.

Los avalúos generales comprenden todo el territorio de la República, una provincia, un distrito, una ciudad o pueblo.

Los avalúos parciales comprenderán la parte o las partes del territorio de la República, tales como un corregimiento, barrio o sector, que resulte o resulten beneficiadas por la ejecución de obras públicas o privadas que, por su naturaleza, aumenten el valor de los bienes inmuebles ubicados dentro de ellas.

También proceden los avalúos parciales sobre la parte o las partes del territorio de la República, tales como un corregimiento, barrio o sector, donde los valores de mercado de los bienes inmuebles ubicados dentro de ellas se hayan elevado de forma relevante, a juicio de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, de tal modo que se evidencie un aumento en la capacidad contributiva relacionada con esos bienes a propósito del Impuesto de Inmuebles.

De la misma manera proceden los avalúos parciales sobre la parte o las partes del territorio de la República, tales como un corregimiento, barrio o sector, donde los valores han variado como consecuencia de inundaciones, terremotos u otros actos de la naturaleza, así como incendios o derrumbes.

Igualmente proceden los avalúos parciales cuando otras causas hayan afectado a toda una zona o sector.

Los avalúos específicos se referirán a un solo inmueble.

Los avalúos generales, parciales o específicos podrán referirse a inmuebles inscritos en el Registro Público, incluyendo las propiedades sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal, a inmuebles con permiso de ocupación y a mejoras efectuadas en el terreno adjudicado mediante patrimonio familiar, sobre terreno ajeno o a simple ocupación de hecho.

Artículo 13. El artículo 770 del Código Fiscal queda así:

Artículo 770. Los avalúos generales y parciales se decretarán de oficio por parte de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas y se harán siguiendo el orden que establezca dicha Dirección.

Artículo 14. El artículo 771 del Código Fiscal queda así:

Artículo 771. En los avalúos generales y parciales, el Ministro de Economía y Finanzas, mediante resolución motivada, podrá determinar la existencia de áreas específicas que serán excluidas de los avalúos, por considerarlas socialmente vulnerables debido a la condición económica de sus residentes.

Artículo 15. El artículo 772 del Código Fiscal queda así:

Artículo 772. Las notificaciones de los resultados de los avalúos generales o parciales desarrollados por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales se harán por medio de listas que se publicarán por tres (3) días hábiles seguidos en un periódico de circulación nacional reconocida. Dichas listas también se tendrán que publicar en boletines especiales que se fijarán en las oficinas de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales de la ciudad de Panamá y en las oficinas regionales de esta Dirección, con competencia sobre el área que será avaluada, por tres (3) días calendario.

También deberán publicarse estos boletines informativos en las alcaldías de los distritos respectivos, por el mismo término.

La notificación se entenderá surtida al día siguiente de la última publicación efectuada en el periódico, sin necesidad de notificación personal.

Las reclamaciones relacionadas con los avalúos estarán reguladas por lo establecido en el artículo 1230 y siguientes de este Código.

Artículo 16. Se restituye la vigencia del artículo 773 en el Código Fiscal, así:

Artículo 773. La obligación de pagar el Impuesto de Inmuebles calculado sobre la base imponible derivada del nuevo valor regirá a partir de la fecha en que quede en firme la resolución que fija el nuevo valor. La Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas ejercerá todas las acciones legales de cobro sobre el Impuesto de Inmuebles adeudado y sus intereses respectivos.

En caso de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia decrete la nulidad de la resolución que decretó el nuevo valor, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, a opción del contribuyente, devolverá el impuesto o reconocerá un crédito fiscal equivalente al monto de Impuesto de Inmuebles y los intereses pagados en No habrá lugar a suspensión provisional de los efectos de la resolución que decreta el nuevo valor, dentro de las acciones que los afectados interpongan ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 135 de 1943.

Artículo 17. Se deroga el artículo 733-A del Código Fiscal.

Artículo 18. Se deroga el artículo 774 del Código Fiscal.

Artículo 19. El artículo 775 del Código Fiscal queda así:

Artículo 775. Los valores catastrales que se determinen conforme a los avalúos generales y parciales establecidos en este Capítulo comenzarán a regir, para los efectos del Impuesto de Inmuebles, a partir del cuatrimestre siguiente a la fecha en que queden ejecutoriadas las resoluciones dictadas por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, salvo los casos en que los inmuebles estén dentro de los cinco (5) años en los cuales el Estado no les puede variar el valor catastral, de acuerdo con el artículo 766-A de este Código, en cuyo caso los nuevos valores producto de los avalúos generales y parciales entrarán a regir una vez concluya el término de los cinco (5) años.

Artículo 20. Se deroga el artículo 776 del Código Fiscal.

Artículo 21. Se deroga el artículo 777 del Código Fiscal.

Artículo 22. Se deroga el artículo 778 del Código Fiscal.

Artículo 23. El artículo 779 del Código Fiscal queda así:

Artículo 779. Cuando se decrete un avalúo parcial se aplicarán las reglas que señalan los artículos de la Sección anterior.

Artículo 24. El artículo 783 del Código Fiscal queda así:

Artículo 783. Los interesados en los avalúos específicos podrán reclamarlos en la forma establecida en el artículo 772 de este Código, pero en este caso las notificaciones se harán personalmente, y si transcurrieran cinco (5) días hábiles sin que se pudiera notificar personalmente al interesado y existiendo un informe que acredite esta diligencia, esta notificación se hará por medio de edicto en las oficinas de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales en la ciudad de Panamá y en la oficina regional respectiva de esta Dirección, por el término de cinco (5) días hábiles. Dentro de ese término también deberá publicarse por un (1) día en un periódico de circulación nacional reconocida. Una vez desfijado el edicto, se dará por surtida dicha notificación.

Artículo 25. El artículo 797 del Código Fiscal queda así:

Artículo 797. Incurre en defraudación fiscal en materia de Impuesto de Inmuebles el contribuyente que se encuentre en alguno de los casos siguientes, previa comprobación de estos:

1. El que simule actos jurídicos que implique reducción del valor catastral u omisión parcial o total del pago del impuesto para sí o para otro.

2. El que, para reducir el valor catastral u omitir total o parcialmente el pago del impuesto, para sí o para otro, realice el fraccionamiento de un bien inmueble sujeto al impuesto, dentro de los supuestos indicados en el artículo 763-A de este Código.

3. El que, para reducir el valor catastral u omitir total o parcialmente el pago del impuesto, para sí o para otro, realice falsas declaraciones de demoliciones totales o parciales.

4. El que, para reducir el valor catastral u omitir total o parcialmente el pago del impuesto, para sí o para otro, realice actos o convenciones o utilice formas manifiestamente impropias, o simule un acto jurídico que implique el desvío de la norma y le permita beneficiarse de la congelación del Impuesto de Inmuebles y de cualquier otro beneficio o incentivo tributario no destinado originalmente para quien sea el propietario beneficiario del bien inmueble que finalmente esté disfrutando del tratamiento especial.

5. El que participe como cómplice o encubridor para ayudar a efectuar algunas de las acciones u omisiones tipificadas en los numerales anteriores.

La defraudación fiscal de que trata este artículo será sancionada por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas con multa no menor de cinco (5) veces ni mayor de diez (10) veces la suma defraudada o con pena de prisión de dos (2) a cinco (5) años.

Artículo 26. El artículo 1004 del Código Fiscal queda así:

Artículo 1004. El impuesto anual que causan los Avisos de Operación de Empresa será el dos por ciento (2%) del capital de la empresa, con un mínimo de cien balboas (B/.100.00) y un máximo de sesenta mil balboas (B/.60,000.00). Quedan exentas las personas naturales y jurídicas con capital invertido menor de diez mil balboas (B/.10,000.00).

El impuesto anual que causan los Avisos de Operación de Empresas a las personas o empresas establecidas o que se establezcan dentro de las áreas de comercio internacional libre que posea u opere la Zona Libre de Colón o cualquier otra zona o área libre establecida o que se cree en el futuro, será el uno por ciento (1%) del capital de la empresa, con un mínimo de cien balboas (B/.100.00) y un máximo de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00).

Artículo 27. El artículo 1011 del Código Fiscal queda así:

Artículo 1011. Las entidades financieras reguladas por la Ley 42 de 2001 pagarán un impuesto anual del dos punto cinco por ciento (2.5%) de su capital pagado al 31 de diciembre de cada año. Este impuesto no excederá en ningún caso de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00).

Artículo 28. El artículo 1014-B del Código Fiscal queda así:

Artículo 1014-B. Se establece un impuesto adicional de cinco por ciento (5%) sobre las primas brutas pagadas a las compañías de seguro incluyendo las primas por el otorgamiento de fianzas emitidas por toda persona autorizada.

Quedan sujetas a este impuesto las personas que contraten con las compañías de seguro pólizas, con excepción de las de incendio y de vida con valores de rescate.

Los seguros agropecuarios quedarán exentos del pago de este impuesto.

PARÁGRAFO 1. Para los efectos de este impuesto, las compañías de seguro quedan designadas agentes de retención y cobros para la recaudación del gravamen.

Las compañías de seguro presentarán, dentro de los primeros quince (15) días de cada mes, una declaración-liquidación jurada sobre las primas cobradas durante el mes inmediatamente anterior, y remitirán, conjuntamente con ella a la Dirección General de Ingresos, las sumas percibidas en concepto de dicho gravamen.

Incurre en morosidad el contribuyente que, dentro del término legal que se otorga en el párrafo anterior, no presente la declaración-liquidación y no pague el impuesto correspondiente. Esta morosidad causará un recargo de diez por ciento (10%) y un interés del uno por ciento (1%) mensual desde el momento en que el impuesto causado debió ser pagado. Pasados los sesenta (60) días, el contribuyente será sancionado con el equivalente de dos (2) a cinco (5) veces el impuesto dejado de pagar.

PARÁGRAFO 2. Las compañías de seguro serán responsables por el monto del impuesto de que trata el artículo anterior y que deben pagar los asegurados. La Dirección General de Ingresos podrá practicar inspecciones oculares en los libros de contabilidad y archivos de las compañías de seguro y realizar todas las investigaciones necesarias para determinar el monto de las primas recaudadas por dichas compañías de seguro.

Artículo 29. Se adiciona el numeral 5 al literal a del Parágrafo 1 del artículo 1057-V del Código Fiscal, así:

Artículo 1057-V. Se establece un Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios que se realicen en la República de Panamá.

PARÁGRAFO 1. Causará el impuesto, en la forma en que se determina en estas disposiciones:

a. …

5. Las comisiones cobradas por las transferencias de documentos negociables y de títulos y valores en general, los pagos de comisiones generados por servicios bancarios y/o financieros prestados por las entidades autorizadas legalmente para prestar este tipo de servicios, así como las comisiones o retribuciones cobradas por las personas dedicadas al corretaje de bienes muebles e inmuebles.

Artículo 30. Se derogan los literales g y h del Parágrafo 7 del artículo 1057-V del Código Fiscal y se modifica el literal e de este Parágrafo para que quede así:

Artículo 1057-V. Se establece un Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios que se realicen en la República de Panamá.

PARÁGRAFO 7. No causarán este impuesto:

e. Los pagos, incluidos los intereses pagados y recibidos, generados por servicios financieros, prestados por las entidades autorizadas legalmente para prestar este tipo de servicios, salvo las comisiones por servicios bancarios y financieros.

Artículo 31. Se modifican los numerales 2, 5, 7 y 12 y se adiciona el numeral 18 al literal b del Parágrafo 8 del artículo 1057-V del Código Fiscal, así:

Artículo 1057-V. Se establece un Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios que se realicen en la República de Panamá.

PARÁGRAFO 8. Están exentos de este impuesto:

b. La prestación de los siguientes servicios:

2. Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles con destino exclusivo a casa o habitación del arrendatario, siempre que el plazo del contrato exceda de seis (6) meses.

5. Flete, transporte de carga, así como el de pasajeros, aéreo, marítimo y terrestre.

7. Telefonía fija de uso residencial.

12. Operaciones de carga, descarga, traslado en o entre los puertos y los servicios auxiliares prestados a la carga en los puertos, así como los servicios de reparación, mantenimiento, limpieza y auxiliares prestados a las naves en tránsito dentro de las aguas territoriales.

18. Las comisiones que devenguen las agencias de viajes.

Artículo 32. El artículo 1 del Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970 queda así:

Artículo 1. La Dirección General de Ingresos funcionará como organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, y dentro de este contará con autonomía administrativa, funcional y financiera en los términos señalados en esta Ley.

Esta Dirección tendrá a su cargo, en la vía administrativa, el reconocimiento, la recaudación, la cobranza, la investigación y fiscalización de tributos, la aplicación de sanciones, la resolución de recursos y la expedición de los actos administrativos necesarios en caso de infracción a las leyes fiscales, así como cualquier otra actividad relacionada con el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas por las normas con respecto a los impuestos, las tasas, las contribuciones y las rentas de carácter interno comprendidas dentro de la dirección activa del Tesoro Nacional, no asignadas por la ley a otras instituciones del Estado.

Para tal efecto, mediante actos administrativos idóneos, podrá:

1. Declarar o determinar la existencia de obligaciones tributarias, su cuantía o monto total.

2. Exigir el pago de obligaciones tributarias y determinar la existencia de créditos tributarios, según corresponda.

3. Contratar gestores de cobro con vasta y reconocida experiencia en los casos de morosidad que excedan de doce (12) meses de haberse causado, entendiéndose que estos se sujetan a la reserva de información de que trata el artículo 21 del presente Decreto de Gabinete y a las normas de contratación pública.

En los casos de personas jurídicas que sean contratadas como gestores de cobro deberán presentar una declaración jurada de quiénes son sus accionistas, entendiéndose que tales accionistas o socios en ningún caso podrán ser servidores públicos que estén laborando o hayan laborado durante los últimos dos años en la Dirección General de Ingresos.

Para los efectos legales de contratación administrativa y demás obligaciones contractuales, la representación legal de la entidad recae sobre el Director General de Ingresos, previa reglamentación y aprobación mediante decreto ejecutivo.

Artículo 33. Se adiciona un párrafo al artículo 21 del Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970, así:

Artículo 21.

No obstante lo anterior, los saldos de impuestos que resulten a pagar que se encuentren en estado de morosidad por más de doce (12) meses luego de su causación serán difundidos y publicados ampliamente por la Dirección General de Ingresos en un periódico de la localidad, con el nombre y Registro Único del Contribuyente responsable del pago, independientemente de los cargos moratorios de que trata el artículo 1072-A del Código Fiscal.

Artículo 34. Se adiciona el numeral 9 al artículo 16 de la Ley 30 de 1984, así:

Artículo 16. Constituyen delito de contrabando los siguientes hechos:

9. La tenencia o introducción de productos de tabaco al territorio aduanero de la República de Panamá, sin que se hayan pagado los impuestos correspondientes a su introducción, o que no cumplan con regulaciones sanitarias y normas de salud vigentes en la República de Panamá. Los productos de tabaco que se encuentren en esta situación serán decomisados y destruidos por la Autoridad Nacional de Aduanas, la Policía Nacional o el Ministerio de Salud, indistintamente.

Artículo 35. El artículo 24 de la Ley 30 de 1984 queda así:

Artículo 24. Los responsables de contrabando o defraudación aduanera serán sancionados:

1) Con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, en caso de cometer delito de contrabando o defraudación aduanera, y con multa de dos (2) a cinco (5) veces el valor de la mercancía objeto del ilícito.

2) Con pena de prisión de cuatro (4) a seis (6) años, si fuera reincidente en la comisión del acto, y con multa de cinco (5) a diez (10) veces el valor de la mercancía objeto del ilícito si el valor excediera de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00).

En el caso de agentes económicos que operen en una zona libre, la defraudación aduanera o el contrabando tendrá como sanción administrativa complementaria la cancelación inmediata del Certificado de Operación de la zona libre de que se trate y del Aviso de Operación si fuera el caso.

Cuando el valor de las mercancías resulte inferior al valor de los impuestos de importación dejados de pagar, la multa se calculará en esos casos con base en los impuestos de importación.

Artículo 36. Se derogan los Parágrafos 1, 2 y 3 del artículo 1 de la Ley 4 de 1994.

Artículo 37. El artículo 2 de la Ley 4 de 1994 queda así:

Artículo 2. En las tasas de interés de los préstamos personales y comerciales, locales, mayores de cinco mil balboas (B/.5,000.00), concedidos por bancos y entidades financieras a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se incluirá y retendrá la suma equivalente al uno por ciento (1%) anual sobre el mismo monto que sirve de base para el cálculo de los intereses.

El cincuenta por ciento (50%) de estas sumas ingresará al Tesoro Nacional para el pago de los tramos preferenciales que contemplan los préstamos hipotecarios preferenciales a que se refiere el artículo 3 de la Ley 29 de 2008; el veinticinco por ciento (25%) se remitirá al Banco de Desarrollo Agropecuario y el veinticinco por ciento (25%) restante al Fondo Especial de Compensación de Intereses que administrará la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Quedan excluidos del cargo de la sobretasa equivalente al uno por ciento (1%) que se señala en este artículo:

1. Los préstamos concedidos a las cooperativas que otorgan crédito a sus asociados y a los grupos asociativos de producción agropecuaria, reconocidos por la Ley 17 de 1997.

2. Los préstamos interbancarios, los préstamos externos, el financiamiento a través de la emisión de bonos y valores, debidamente registrados ante la Comisión Nacional de Valores, así como los préstamos concedidos a las entidades financieras reguladas por la Ley 42 de 2001.

3. Los préstamos concedidos a las empresas dedicadas a operar sistemas de tarjetas de crédito, siempre que estos fondos sean destinados a financiamientos directos que serán objeto, posteriormente, de la aplicación de la retención.

4. Los préstamos concedidos a personas jubiladas o pensionadas o a personas de tercera edad, según la define la ley, cuando dichos préstamos se amorticen por descuento directo a sus pensiones o estén garantizados mediante gravámenes hipotecarios y/o anticréticos constituidos sobre inmuebles ocupados como residencia familiar habitual por dichos prestatarios.

5. Los préstamos convenidos como préstamos automáticos en pólizas de seguro de vida garantizados con el valor de la reserva matemática o valor de rescate cuyo producto se utilice para pagar las primas de la misma póliza de seguro de vida evitando su cancelación prematura.

Parágrafo 1. La Superintendencia de Bancos, después de constituir las reservas técnicas necesarias, destinará el fondo restante para subsidios agropecuarios, correspondiéndole al Banco de Desarrollo Agropecuario el setenta y cinco por ciento (75%) y a las cooperativas de crédito agropecuario el veinticinco por ciento (25%), mediante préstamo al uno por ciento (1%) de interés anual, según los términos y las condiciones que estas entidades acuerden con la Superintendencia de Bancos.

Parágrafo 2. La aplicación de la presente Ley será determinada por una comisión integrada por el Ministro de Economía y Finanzas, el Director General de Ingresos y el Superintendente de Bancos o por la persona en quien se delegue la representación.

Parágrafo 3. Los fondos acumulados del Fondo de Compensación de Intereses hasta el 31 de diciembre de 2008, que no constituyan reservas técnicas necesarias para la aplicación del Fondo de Compensación de Intereses, serán transferidos automáticamente al Tesoro Nacional a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Los fondos remanentes de cada semestre, que no constituyan reservas técnicas necesarias para la aplicación del Fondo de Compensación de Intereses, serán transferidos al Tesoro Nacional por la Superintendencia de Bancos, dentro de los diez días del mes siguiente al semestre vencido, con un informe que sustente las correspondientes reservas técnicas.

Artículo 38. Se modifica el primer párrafo y el numeral 1 y se adicionan tres párrafos al artículo 4 de la Ley 4 de 1994, así:

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, son funciones y facultades de la Superintendencia de Bancos las siguientes:

1. Acatar las instrucciones y decisiones de la comisión que establece el Parágrafo 2 del artículo 2 de esta Ley.

Hasta tanto la comisión no se pronuncie o dicte instrucción, la Superintendencia de Bancos seguirá ejecutando las políticas previamente establecidas por su institución para el manejo del Fondo Especial de Compensación de Intereses.

Las funciones y facultades contenidas en este artículo se aplican únicamente para la administración del Fondo Especial de Compensación de Intereses.

Queda entendido que la Superintendencia de Bancos mantiene las funciones y facultades previstas en las leyes respectivas que rigen su funcionamiento.

Artículo 39. El artículo 7 de la Ley 4 de 1994 queda así:

Artículo 7. Las infracciones a las disposiciones de esta Ley serán sancionadas con multa que oscilará entre dos mil balboas (B/.2,000.00) y quince mil balboas (B/.15,000.00), dependiendo de la gravedad de la infracción.

El infractor quedará obligado a consignar en el Fondo Especial de Compensación de Intereses toda suma que hubiera debido retener más los intereses correspondientes a la tasa del mercado local.

La Superintendencia de Bancos de Panamá es la autoridad competente para conocer e imponer las sanciones establecidas en este artículo.

Las multas recaudadas ingresarán al Fondo Especial de Compensación de Intereses.

Artículo 40. El numeral 1 del artículo 8 de la Ley 4 de 1994 queda así:

Artículo 8. Para la aplicación del artículo 2 de la presente Ley, se consideran préstamos comerciales y préstamos locales:

1. Los préstamos nuevos concedidos en el territorio nacional, incluyendo las áreas de comercio internacional libre que posea u opere la Zona Libre de Colón o cualquier otra zona o área libre establecida o que se cree en el futuro, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley. Se excluyen los regímenes de desarrollo concedidos mediante licitaciones internacionales.

Artículo 41. El artículo 28 de la Ley 45 de 1995 queda así:

Artículo 28. La tarifa del impuesto selectivo al consumo de cigarrillos será del cincuenta por ciento (50%) del precio de venta al consumidor declarado por el productor nacional o el importador al Ministerio de Economía y Finanzas, con un mínimo de cincuenta centavos (B/.0.50) por cajetilla.

La tarifa del impuesto selectivo al consumo de tabacos, habanos y otros productos derivados del tabaco será del cincuenta por ciento (50%) del precio de venta al consumidor, declarado por el productor nacional o el importador al Ministerio de Economía y Finanzas.

El cincuenta por ciento (50%) del importe recaudado de los impuestos establecidos en este artículo se destinará y distribuirá directamente de la siguiente manera:

1. Un cuarenta por ciento (40%) al Instituto Oncológico Nacional.

2. Un cuarenta por ciento (40%) al Ministerio de Salud para que sea invertido en actividades de prevención y tratamiento de enfermedades producto del consumo de tabaco.

3. Un veinte por ciento (20%) a la Autoridad Nacional de Aduanas para que sea invertido en actividades destinadas a la prevención y persecución del contrabando de productos derivados del tabaco.

Artículo 42. El numeral 8 del artículo 16 del Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998 queda así:

Artículo 16. Son funciones y facultades de la Secretaría Ejecutiva:

8. Elaborar y presentar ante la Junta de Control de Juegos los presupuestos anuales de operaciones e inversiones, así como adquirir los equipos, suministros, artículos y útiles de oficina, libros y bienes que considere necesarios o convenientes para poder realizar sus funciones. Para estos efectos se dispondrá del 5% de los ingresos generados al Estado por concepto de utilidades brutas pagadas por los Administradores/Operadores a la Junta de Control de Juegos en virtud de sus respectivos contratos.

La Junta de Control de Juegos destinará una quinta parte del 5% que reciba de los Administradores/Operadores en virtud de sus utilidades brutas, a fin de que se distribuya entre los funcionarios de la Junta de Control de Juegos de forma anual, de acuerdo con la evaluación del desempeño en concepto de bonos de rendimiento. Las sumas que correspondan a cada funcionario no podrán exceder del 50% del total de la remuneración salarial anual de cada funcionario.

Para la implementación de la distribución del bono de rendimiento a los funcionarios, el Pleno de la Junta de Control de Juegos reglamentará, mediante resolución, esta materia.

Artículo 43. El artículo 49 del Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998 queda así:

Artículo 49. Los nuevos hoteles que se construyan y que aspiren a que se les otorgue un contrato deberán contar con un mínimo de trescientas (300) habitaciones o módulos de habitaciones sencillas equivalentes a este número, piscina, entretenimientos y amenidades nocturnas permanentes, restaurante, servicio de habitación de 24 horas, y cumplir con estándares de lujo de acuerdo con normas internacionales para los hoteles de cuatro (4) estrellas.

Artículo 44. El artículo 54 del Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998 queda así:

Artículo 54. Los nuevos Administradores/Operadores de Casinos Completos a quienes se les otorguen Contratos de Administración y Operación deberán pagar a la Junta de Control de Juegos la suma de un millón de balboas (B/.1,000,000.00) en concepto de Derecho de Llave por cada sala.

Artículo 45. El artículo 55 del Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998 queda así:

Artículo 55. Los nuevos Administradores/Operadores de Salas de Máquinas Tragamonedas Tipo “A” a quienes se les otorguen Contratos de Administración y Operación deberán pagar a la Junta de Control de Juegos la suma de quinientos mil balboas (B/.500,000.00) en concepto de Derecho de Llave por cada sala.

Artículo 46. El artículo 61 del Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998 queda así:

Artículo 61. A partir del 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011, las Salas de Máquinas Tragamonedas Tipo “A” pagarán a la Junta de Control de Juegos el 16% de sus ingresos brutos de forma mensual; a partir del 1 de enero de 2012, pagarán el 19% de sus ingresos brutos de forma mensual, y a partir del 1 de enero de 2014, pagarán el 22% de sus ingresos brutos de forma mensual.

A partir del 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011 los Casinos Completos pagarán a la Junta de Control de Juegos el 12.5% de sus ingresos brutos de forma mensual y a partir del 1 de enero de 2012, pagarán 15% de sus ingresos brutos de forma mensual.

La Sala de Máquinas Tragamonedas del Hipódromo Presidente Remón pagará a la Junta de Control de Juegos el 10% de sus ingresos brutos de forma mensual. Luego de deducir el 10%, destinará el 25% de sus ingresos brutos para el desarrollo de la actividad en este Hipódromo.

Artículo 47. Se adiciona el artículo 71-A al Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998, así:

Artículo 71-A. Toda adquisición o transferencia de acciones de empresas registradas o cualesquiera empresas que tengan contratos con la Junta de Control de Juegos que estén dedicadas directamente a la administración u operación o supervisión de Salas de Juegos requerirá de la autorización previa del Pleno de la Junta de Control de Juegos.

La fusión o consolidación de empresas registradas o cualesquiera empresas que tengan contratos con la Junta de Control de Juegos que estén dedicadas directamente a la administración u operación o supervisión de Salas de Juegos requerirá de la autorización previa del Pleno de la Junta de Control de Juegos.

Lo anterior aplica, además, a las sociedades tenedoras de acciones de una empresa registrada o cualquier empresa que tenga un contrato con la Junta de Control de Juegos que esté dedicada directamente a la administración u operación o supervisión de una Sala de Juegos. Se exceptúan las sociedades tenedoras, cuyas acciones comunes se coticen públicamente en bolsas de valores de una jurisdicción reconocida por la Comisión Nacional de Valores de Panamá.

Artículo 48. El artículo 77 del Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998 queda así:

Artículo 77. Toda persona que aspire a ocupar el cargo de dignatario, director o empleado de confianza de una Empresa Registrada o cualquier empresa que tenga un contrato con la Junta de Control de Juegos que esté dedicada directamente a la administración y operación o supervisión de una Sala de Juegos o cualquiera persona que tuviera, a criterio del Director de Salas de Juegos, una relación significativa con las actividades de Salas de Máquinas Tragamonedas Tipo “A”, Casinos Completos, Salas de Bingo, Agencias de Apuestas u otra que él determine deberá previamente solicitar y obtener un certificado de idoneidad por parte del Director de Salas de Juegos. Toda acta, certificación o extracto en que conste la elección de directores o dignatarios, o la designación de apoderados generales o especiales, o la enmienda de los artículos de constitución de una Empresa Registrada o cualquier empresa que tenga un contrato con la Junta de Control de Juegos que esté dedicada directamente a la administración y operación o supervisión de una Sala de Juegos deberá contar con la aprobación previa del Secretario Ejecutivo de la Junta de Control de Juegos, para los efectos de su protocolización e inscripción en el Registro Público. Se prohíbe a los Notarios la expedición de escrituras o copias de estas, de actas de declaraciones o cualesquier otros instrumentos propios de su oficio y autenticaciones de firmas que contravengan lo establecido en el párrafo anterior.

Igual prohibición se hace al Registro Público respecto de sus inscripciones. El Director notificará por escrito al Registro Público los nombres de las Empresas Registradas o cualquier empresa que tenga un contrato con la Junta de Control de Juegos que estén dedicadas a la administración o supervisión de una Sala de Juegos, Salas de Máquinas Tragamonedas Tipo “A”, Casinos Completos, Salas de Bingo y/o Agencias de Apuestas, para el propósito del fiel cumplimiento de la presente disposición.

Parágrafo transitorio. Las personas que, a la fecha de la promulgación de la presente Ley, ocupen cargos de directores, dignatarios o empleados de confianza de una empresa registrada o cualquier empresa que tenga un contrato con la Junta de Control de Juegos que estén dedicadas a la administración o supervisión de una Sala de Juegos, Salas de Máquinas Tragamonedas Tipo “A”, Casinos Completos, Salas de Bingo y/o Agencias de Apuestas y que no cuenten con un certificado de idoneidad vigente expedido por el Director, y que no hubieran solicitado a la Junta de Control de Juegos dicho certificado de idoneidad dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su designación deberán renunciar a sus cargos y no serán elegibles para la solicitud ni la obtención de dicho certificado de idoneidad por el Director, por el término de un (1) año.

El Administrador/Operador deberá inscribir las renuncias de los directores y dignatarios en el Registro Público.

Las empresas registradas o cualquier empresa que tenga un contrato con la Junta de Control de Juegos que estén dedicadas a la administración o supervisión de una Sala de Juegos, Salas de Máquinas Tragamonedas Tipo “A”, Casinos Completos, Salas de Bingo y/o Agencias de Apuestas cuyos directores y dignatarios se encuentren en la situación que establece el párrafo anterior tendrán un plazo no mayor de quince (15) días, contado a partir de la fecha de notificación del Director, para que propongan ante él, a los directores y dignatarios que remplazarán a los que no cuenten con el respectivo certificado de idoneidad expedido por el Director.

Durante el periodo de investigación y hasta tanto el Director efectivamente otorgue certificados de idoneidad a los nuevos directores o dignatarios propuestos, el Director designará a las personas que conformarán la Junta Directiva del Administrador/Operador, que deberán ser abogados, contadores públicos autorizados o personas que ya ostenten un certificado de idoneidad expedido por el Director.

Artículo 49. El artículo 97 del Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998 queda así:

Artículo 97. Las infracciones a este Decreto Ley y sus reglamentos darán lugar a sanciones consistentes en multas administrativas, así como a la suspensión o a la cancelación de la Licencia de Juego.

Artículo 50. El artículo 98 del Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998 queda así:

Artículo 98. Las sanciones por infracciones al presente Decreto Ley y sus reglamentos serán, de acuerdo con su gravedad:

1. Imposición de multa administrativa hasta por cien mil balboas B/.100,000.00). En caso de reincidencia, la multa será el doble de la impuesta originalmente.

2. Suspensión de la Licencia de Juego.

3. Cancelación de la Licencia de Juego que será, a su vez, causal de terminación del Contrato.

Las multas administrativas serán impuestas, según corresponda, por el Director de Salas de Juego o el Director de Hipódromos y otros Juegos de Suerte y Azar. Corresponderá al Pleno de la Junta de Control de Juegos imponer las sanciones de suspensión y/o cancelación de la Licencia de Juego. Las sanciones serán impuestas mediante resoluciones motivadas, en las que se especificará la infracción, su gravedad y la correspondiente sanción.

Las sanciones se aplicarán sin perjuicio del ejercicio de otras acciones legales que correspondan.

Artículo 51. A toda persona natural o jurídica que haya suscrito un Contrato de Administración y Operación de Salas de Máquinas Tragamonedas Tipo “A”, que a la fecha de iniciar operaciones no pagó al Estado la suma de dinero que en concepto de Derecho de Llave le correspondía, le queda resuelto su contrato de pleno derecho, sin necesidad de declaración administrativa o judicial previa. A estas personas se le concede un plazo improrrogable de seis meses para el cierre de sus operaciones.

Este artículo es de orden público y tendrá efecto retroactivo.

Artículo 52. Quedan resueltos los Contratos de Administración y Operación de Salas de Máquinas Tragamonedas Tipo “A” a las personas naturales o jurídicas que los obtuvieron en virtud de los artículos 57 y 58 del Decreto Ley 2 de 10 febrero de 1998.

A estas personas se les concede un plazo improrrogable de seis meses para el cierre de sus operaciones.

Este artículo es de orden público y tendrá efecto retroactivo.

Artículo 53. Se concede un plazo de tres meses, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, para que todos los Administradores/Operadores de Salas de Juegos cumplan con las disposiciones del Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998 y sus reglamentos, tal como han sido reformadas por la presente Ley.

Lo establecido en los artículos 54, 55 y 61 del Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998 referente a las nuevas tasas, derechos o contribuciones será aplicado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, indistintamente de que se trate de contratos y licencias ya concedidos.

Artículo 54. El artículo 3 de la Ley 50 de 2003 queda así:

Artículo 3. Las asociaciones sin fines de lucro tendrán la obligación de llevar un control de los fondos que reciban, generen o transfieran. Para ello, deberán llevar un registro detallado de las operaciones o transacciones financieras o de las donaciones que justifiquen su origen o naturaleza.

Tales asociaciones deberán presentar, ante el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada año calendario un informe anual consolidado de todas las donaciones recibidas. El incumplimiento será sancionado con una multa de cincuenta balboas (B/.50.00) la primera vez, y con multa de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00) en caso de reincidencia.

Para efectos procesales se remitirá copia de cada una de las resoluciones que se expidan por el incumplimiento antes mencionado al Ministerio de Gobierno y Justicia. Si persiste el incumplimiento, el Ministerio de Gobierno y Justicia, vía requerimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, procederá de oficio a dejar sin efecto la personería jurídica de la respectiva asociación sin fines de lucro, mediante resolución motivada que deberá ser inscrita en el Registro Público.

Por razones de interés social, el Ministerio de Economía y Finanzas queda autorizado para publicar en un periódico de la localidad la lista de los donantes, así como de las asociaciones que no hayan presentado sus respectivos informes o que hayan sido sancionadas por este incumplimiento.

Artículo 55. Se adiciona el Parágrafo 2 al artículo 1 de la Ley 5 de 2007, así:

Artículo 1. Aviso de Operación. …

Parágrafo 2. Las personas o empresas establecidas o que se establezcan dentro de las áreas de comercio internacional libre que posea u opere la Zona Libre de Colón o cualquier otra zona o área libre establecida o que se cree en el futuro quedan sujetas a la obligación de contar con el Aviso de Operación establecido en esta Ley.

Artículo 56. Se adicionan los numerales 6 y 7 y se modifica el último párrafo del artículo 4 de la Ley 5 de 2007, así:

Artículo 4. Actividades exceptuadas. No requerirán Aviso de Operación las personas naturales o jurídicas que se dediquen exclusivamente a:

6. Las empresas con Licencia de Sedes de Empresas Multinacionales, amparadas en la Ley 41 de 2007, siempre que no realicen la prestación de servicios distintos a los establecidos

en el artículo 4 de la citada Ley.

7. Las empresas que se encuentren operando bajo regímenes especiales, aplicables a áreas o zonas desarrolladas o que puedan desarrollarse, en virtud de la adjudicación de procesos internacionales de selección de contratista.

Con excepción a lo que dispone la Ley 41 de 2007, lo dispuesto anteriormente no excluye a las empresas o a las personas de sus obligaciones tributarias y fiscales, laborales, ambientales y de seguridad social.

Artículo 57. El artículo 17 de la Ley 13 de 2008 queda así:

Artículo 17. Se prohíbe la distribución, venta, regalo o cualquier forma de comercialización de productos del tabaco que hayan sido introducidos al país sin cumplir los trámites aduaneros vigentes o que no estén destinados para la distribución dentro del territorio nacional.

También se prohíbe la venta de productos de tabaco en los establecimientos comerciales o negocios ubicados en las zonas libres terrestres que se encuentren en las fronteras del país.

Artículo 58. Se deroga el artículo 28 de la Ley 4 de 2009.

Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley 6 de 2005, reformada por la Ley 29 de 2008, a partir de la promulgación de la presente Ley, las mejoras para uso residencial cuyo valor sea hasta ochenta mil balboas (B/.80,000.00) estarán exoneradas del pago del Impuesto de Inmuebles por veinte años, contados desde la fecha del permiso de ocupación o de inscripción, lo que ocurra primero.

Artículo 60. La presente Ley modifica el artículo 318-A, el literal a del artículo 701, el párrafo quinto del literal d y el párrafo quinto del literal e del artículo 701, el literal b del artículo 702, los artículos 733, 766, 766-A, 767, 768, 770, 771, 772, 775, 779, 783, 797, 1004, 1011 y 1014-B, el literal e del Parágrafo 7 y los numerales 2, 5, 7 y 12 del literal b del Parágrafo 8 del artículo 1057-V, todos del Código Fiscal; el artículo 1 del Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970; el artículo 24 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984; el artículo 2, el primer párrafo y el numeral 1 del artículo 4, el artículo 7 y el numeral 1 del artículo 8 de la Ley 4 de 17 de mayo de 1994; el artículo 28 de la Ley 45 de 14 de noviembre de 1995; el numeral 8 del artículo 16 y los artículos 49, 54, 55, 61, 77, 97 y 98 del Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998; el artículo 3 de la Ley 50 de 7 de julio de 2003, el último párrafo del artículo 4 de la Ley 5 de 11 de enero de 2007 y el artículo 17 de la Ley 13 de 24 de enero de 2008.

Adiciona los numerales 4 y 5 al artículo 739, el artículo 763-A, el numeral 5 al literal a del Parágrafo 1 y el numeral 18 al literal b del Parágrafo 8 del artículo 1057-V, todos del Código Fiscal; un párrafo al artículo 21 del Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970; el numeral 9 al artículo 16 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984; tres párrafos al artículo 4 de la Ley 4 de 17 de mayo de 1994; el artículo 71-A al Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998; el Parágrafo 2 al artículo 1 y los numerales 6 y 7 al artículo 4 de la Ley 5 de 11 de enero de 2007.

Restituye la vigencia del artículo 773 del Código Fiscal. 

Deroga los artículos 733-A, 774, 776, 777 y 778 y los literales g y h del Parágrafo 7 del artículo 1057-V, todos del Código Fiscal; los parágrafos 1, 2 y 3 del artículo 1 de la Ley 4 de 17 de mayo de 1994; los artículos 48, 53, 57, 58, 59, 62, 63 y 64 del Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998 y el artículo 28 de la Ley 4 de 9 de enero de 2009.

Artículo 61. La presente Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación, con excepción de los artículos 9, 10 y 29 los cuales comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2010.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proyecto 33 de 2009 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

El Presidente,

José Luis Varela R.

El Secretario General,

Wigberto E. Quintero G.

ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMA, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

RICARDO MARTINELLI BERROCAL

Presidente de la República

ALBERTO VALLARINO CLEMENT

Ministro de Economía y Finanzas

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